En Chile, la salud pública no colapsa de golpe: se asfixia lentamente. Cada año, los hospitales reciben presupuestos que no alcanzan para cubrir sus operaciones completas. Cada mes, se acumulan deudas con proveedores que amenazan la continuidad de insumos y servicios. Cada día, miles de pacientes esperan atención en un sistema que hace lo que puede con lo que tiene. Y cada vez más, lo que tiene es menos.

El presupuesto 2026 contempla un aumento nominal del 5,6%, pero según el Colegio Médico los recursos están diseñados para cubrir solo diez meses de funcionamiento.

La Asociación de Proveedores del Estado advierte una deuda que supera los 450 millones de dólares.

En mayo de 2025, la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba el 40%, lo que obligó al Ministerio de Salud a anunciar una asignación extraordinaria para evitar un problema operativo mayor. Mientras tanto, el presupuesto para atención primaria -la primera línea de contención- permanece congelado.

Este desfinanciamiento no es sólo técnico: es político.

Ex ministros como Jaime Mañalich han señalado que la salud ha perdido peso en la agenda pública post-pandemia. No existe una estimación clara del costo real de la atención hospitalaria y el modelo de gestión actual impide reasignar recursos según demanda o eficiencia.

El resultado es un sistema fragmentado, rígido y cada vez más vulnerable.

Pero lo más grave es que esta crisis se está normalizando. Se instala la idea de que el sistema público es por definición precario, cuando en realidad es víctima de decisiones que podrían -y deberían- ser distintas.

No podemos seguir aceptando que los hospitales funcionen con presupuestos parciales, que la atención primaria sea invisibilizada y que la deuda con proveedores se acumule como si fuera un daño colateral inevitable.

Es hora de sincerar el presupuesto hospitalario, de fortalecer la atención primaria como estrategia de salud pública, de avanzar hacia una gobernanza participativa que incluya a territorios, gremios y usuarios, y de exigir transparencia radical en la ejecución presupuestaria.

Porque el desfinanciamiento no es inevitable: es reversible. Pero requiere voluntad política, presión ciudadana y una convicción profunda de que la salud pública no es un gasto, sino una inversión en justicia, cohesión y futuro.

La salud no puede seguir esperando. Y los hospitales no pueden seguir funcionando con oxígeno prestado.